#AmpliaciónDelCanal y SACYR : para entender mejor este caso de corrupción

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Ya lo sabíamos

Tomado de: Paco G. Nadal, Elmalcontento

Los sobrecostos han sido una de las herramientas más apreciadas por los especuladores y políticos corruptos españoles durante los años previos a la crisis económica y social en la que está sumergido ese país. La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia terminó costando cuatro veces más de lo presupuestado; la Ciudad de la Cultura de Galicia quintuplicó su presupuesto; cientos de millones de euros han sido enterrados en los aeropuertos “fantasma” sin aviones y sin pasajeros de Castellón, Murcia, Huesca o Salamanca... La corrupción es una maquinaria engrasada que logró descapitalizar a un país que se creyó lo que no era y que se atragantó de tanta megainfraestructura innecesaria mientras ponía en peligro su sistema de servicios públicos y asistencia social en nombre de la vanidad y del negocio fácil (y sucio).

Las megaempresas españolas de construcción conocen de sobra el sistema y lo aplican allá donde van. Pero cuando se juntan el hambre con las ganas de comer el resultado es desastroso. La sacrosanta Autoridad del Canal de Panamá, república sin control donde “todo se hace bien” y contra la que nadie puede hablar mal (es el equivalente en Panamá a la mal llamada Marca España), presentó un proyecto de ampliación del Canal en 2006 tan deficiente como abocado al fracaso. La ampliación se puso en marcha “sin estudios finales, sin establecer los costos reales, aduciendo flujos de comercio que no son tales, acuerdos con navieras que no existen, límites de capacidad que no son ciertos y proyecciones de empleo delirantes”, como denunciaron hasta el cansancio y con datos objetivos grupos como el Centro de Estudios Estratégicos-CEE. Pero la publicidad del gobierno de Martín Torrijos y el interés internacional por el jugoso contrato para hacer unas esclusas, que no se sabía cómo serían, eran más fuertes. Ya todo el mundo parece haber olvidado aquella campaña del referéndum: las mentiras, los chantajes emocionales al país, la criminalización de todo aquel que se opusiera o que, tan siquiera, dudara de las vagas propuestas de la ACP (Autoridad del Canal de Panamá). El que no apoyaba el proyecto era un antipatriota.

Es casi hilarante ver ahora cómo algunos se rasgan las vestiduras. Lo que está ocurriendo con el Grupo Unidos por el Canal ya lo sabíamos. Martinelli, que ahora interfiere y rofea para mostrarse como la salvaguarda de los intereses del país, no ha tenido ningún problema en multiplicar por 2.5 los costos iniciales de su proyecto insignia (el Metro), ni parece muy asustado por el incremento en los precios iniciales establecidos para la construcción de hospitales, ni tembló en adjudicar a dedo la cinta costera o las ampliaciones de la vía Tocumen o de la autopista Arraiján-La Chorrera a precios por kilómetro que marean a cualquier ingeniero menesteroso. Su preocupación por Sacyr, como mínimo, es sospechosa.

Los sobrecostos son el pan de cada día en la mafiocracia, ese régimen que vive Panamá (y que tanto ha perfeccionado España) en el que grupos de interés empresariales manejan al Estado a su antojo y para su exclusivo beneficio.

Para un español decente resulta vergonzoso ver correr a su gobierno y a su embajador en Panamá para comportarse como los tristes representantes comerciales de una empresa (Sacyr-Vallehermoso) cuyos directivos no han hecho más que enriquecerse a costa de la salud financiera de la compañía.

Escuchar el discurso de la llamada Marca España, un proyecto de Gobierno que se vende como de Estado y que, en realidad, ejerce de caballo de Troya comercial para facilitar los negocios (unos lícitos, otros abusivos) de las grandes empresas de ese país.

Para un panameño decente, debería acabar ya el embrujo de la ACP y de la mítica ampliación del Canal, porque ya es hora que se le pidan explicaciones al intocable Alberto Alemán Zubieta (responsable de la ACP cuando se desarrolló el deficiente proyecto y cuya empresa familiar –CUSA- forma parte del consorcio empresarial fracasado), al desaparecido Martín Torrijos y a la actual y opaca gerencia de la Autoridad. No escucharon a los notables que difundieron el informe al país en 2006, no escucharon a sus propios prácticos del Canal cuando advirtieron de las ideas peregrinas que contenía el proyecto, no escucharon las voces que advertían de que el comercio internacional mermaría en la ruta panameña... quizá es hora de que escuchen a los panameños. La ACP presume de los más de 8 mil millones de dólares entregados al Tesoro del Estado en los últimos 14 años; los panameños se preguntan dónde están esos recursos que, en un país de este tamaño, deberían haber supuesto un maná de igualdad y prosperidad.

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