Mi Bus y gobierno de Varela: otro atraco al país

por Juan Jované, economista y coordinador nacional del MIREN Panamá sigue siendo un país en el que, pese al reciente episodio ...




por Juan Jované, economista y coordinador nacional del MIREN

Panamá sigue siendo un país en el que, pese al reciente episodio de rápido crecimiento económico, la población sufre de notables carencias y dificultades en ámbitos tan diversos como lo son la atención de salud, la educación, la vivienda, la seguridad ciudadana y el transporte público, entre otros. Se debería esperar, entonces, una actitud de las autoridades en la que la búsqueda del bien común privara sobre cualquier intento de utilizar los escasos fondos públicos para fines de acumulación de capital por la vía de la desposesión de la población. La reciente adquisición de la empresa Mi Bus por parte de la actual administración muestra que, desgraciadamente, esto último dista de ser la norma.

Se trata, para comenzar, de una transacción que evidentemente privilegia los intereses de la empresa que hasta el momento viene manejando monopólicamente el transporte de la ciudad de Panamá. De acuerdo a las declaraciones oficiales el Estado deberá desembolsar un total de cerca de B/. 260.9 millones, por la compra de acciones, el reconocimiento de la deuda bancaria por la adquisición de los buses, así como por el pago de pasivos laborales. Si, junto a esto, se tiene en cuenta que, de acuerdo a información periodística, la empresa solo tiene 900 buses en circulación, estando los otros fuera de servicio, lo cierto es que los panameños y panameñas estaríamos pagado la abultada cifra de B/. 260.9 miles de balboa por cada uno de estos vehículos, los cuales en su mayoría están en mal estado. Más aún, también en base a información periodística, se ha destacado que el valor real de los activos de la empresa rondan los B/. 190.0 millones, lo cual significa que toda la operación carece de sentido. Es inaudito que los accionistas reciban, limpios de polvo y paja, una pago de B/. 49.7 millones por una empresa que solo posee activos por el valor señalado y una deuda de B/. 195.0 millones.

Algunos altos funcionarios del gobierno han intentado justificar esta operación recurriendo al argumento de la seguridad jurídica de la empresa. Estos, como buenos representantes de los intereses del capital y malos representantes del bien común, han omitido señalar que la empresa Mi Bus, además de tener un comportamiento claramente monopólico, que representó un servicio de transporte infame, violó de manera sistemática tanto la ley laboral como la que regula el tema de la seguridad social. La denuncia de los trabajadores, quienes han señalado que se les descontaba y retenía la cuota de seguridad social, mientras que la misma no se entregaba al Seguro Social, configura una situación de retención indebida, la que constituye un delito penal de acuerdo a nuestra legislación vigente.

Estamos, entonces, frente a un gobierno que no es capaz de tocar la seguridad jurídica de las empresas extranjeras ni con el pétalo de una rosa, pero que, en cambio, desprecia olímpicamente la seguridad jurídica de los trabajadores y de la Nación Panameña.

A esto habría que agregarle dos problemas adicionales. En primer lugar, bajo la fachada de la adición de una empresa al sector público, nos encontramos frente a un verdadero acto de privatización. Esto resulta más que claro cuando se tiene en cuenta que el costo de la adquisición de la empresa será del Estado, mientras que la administración del servicio será estrictamente privado. En pocas palabras se trata de una situación en el que los costos son públicos pero los beneficios privados. Diciéndolo de otra manera: inversión pública para generar ganancias privadas. Estamos, sin ninguna duda, frente a un claro caso de acumulación por desposesión.

En segundo lugar, si bien es cierto que el actual gobierno durante la campaña presidencial prometió “cero tolerancia a la corrupción y el clientelismo”, lo cierto es que el mismo decidió entregar el manejo de la recién adquirida “empresa pública” a un consorcio transnacional, sin que mediara acto público de licitación. Resulta penoso escuchar a altos funcionarios de gobierno alegando que fue escogida por que la conocían, o porque ya antes habían usado buses administrados por el mismo en otros países.

De acuerdo al Diccionario de la Academia atraco puede significar “asaltar con propósito de robo”, pero también puede significar, en el uso coloquial, “comer y beber con exceso, hartar”. Panamá, desgraciadamente, parece estar gobernado por un apetito voraz de enriquecerse a costa de los recursos y del bienestar de todos y todas. Es el momento de reaccionar para exigir decencia, transparencia y rendición de cuentas.

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